Inspectora municipal fue agredida a golpes por vendedora ambulante

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Orlando
Orlando informó que estaba la policía presente y detuvo a la agresora. (Foto: Beto Delloro)

El director de la Unidad de Fiscalización Externa, Gustavo Orlando, denunció que una vendedora ambulante atacó y amenazó a una inspectora municipal que le requirió que levantara un puesto ilegal que había levantado en Mitre, entre Río Negro y Chubut, en el bajo neuquino. La agresora fue detenida por efectivos de seguridad pública y el municipio labró un acta de contravención.

El incidente ocurrió entre las 19 y las 21 de ayer, en el marco de los operativos que los inspectores hacen en conjunto con la Policía “en virtud de los ataques que en los últimos tiempos han sido objeto en la vía pública”, refirió el funcionario. En esta ocasión, dijo que uno de los grupos afectados al control se adelantó “para persuadir a los manteros a irse del lugar pero la mujer estalló con insultos, agresiones verbales y trompadas”.

En virtud de esta situación, “intervino la Policía y llevó detenida a la mujer que acompañaba a un muchacho que estaba vendiendo realmente y se comprobó que tenía antecedentes policiales”, dijo.

La inspectora agredida radicó una denuncia policial. Según Orlando, sufrió una crisis de nervios y por la naturaleza de las amenazas teme por su integridad y la de su familia.

El funcionario admitió que este tipo de agresiones se repiten con mayor asiduidad: “Hemos comentado a los vecinos varias veces lo violento que se ha vuelto la calle; por eso hacemos estos operativos con acompañamiento de la Policía”. “Se deben respetar las reglas”, en este caso la ordenanza municipal que estipula la presencia de “no más de un vendedor ambulante por cuadra y estar registrado con sus respectivas credenciales identificatorias”.

Orlando apreció que la venta ambulante clandestina es de difícil resolución debido a que “estamos tratando con personas que no están dentro del sistema formal” pero pidió “no estigmatizar a aquellos que cometen una contravención pero a veces están buscando una alternativa económica y con criterio y educación se retiran. La diferencia aquí es que hemos recibido amenazas de armas y de cuchillos, que escapan de lo administrativo-técnico para transformarse en un tema legal”.