El intendente Horacio Quiroga aseguró que el decreto 1.277 firmado por la presidente Cristina Fernández, otorgando a la Nación un control centralizado de la producción hidrocarburífera, “es inconstitucional y es un atentado contra el federalismo”, al tiempo que le solicitó al gobernador Jorge Sapag “que asuma un rol protagónico en defensa de los intereses de la provincia”.
En este sentido, el jefe comunal anticipó que “como intendente de la ciudad capital de la provincia” le pedirá una reunión al Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, para que “en representación de todos los neuquinos, presente un recurso judicial por inconstitucionalidad”.
“Este ataque al federalismo no admite silencios ni posturas dubitativas”, remarcó Quiroga, agregando que “una cosa es que el gobernador coincida políticamente con el gobierno nacional, lo cual es totalmente legítimo, pero otra cosa diferente es ir en contra de los intereses de los neuquinos”.
A través del decreto 1.277 el gobierno nacional dispuso la creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, bajo la órbita de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, que estará comandada por el viceministro de Economía, Andrés Kicillof.
El intendente capitalino consideró que con esta norma, la Nación “demuestra sus verdaderas intenciones de avanzar de manera ilegítima sobre los derechos que tienen las provincias productoras sobre sus recursos”, remarcando que “es una violación clara a lo que establece la Constitución Nacional a partir de la reforma del ’94”.
“El gobierno nacional sabe perfectamente que este decreto es inconstitucional y no sería alocado pensar que tal vez lo que se imaginan es reformar una constitución republicana y federal para convertirla en una populista de estilo venezolano”, sostuvo Quiroga.
Quiroga manifestó que “este avance del centralismo en las políticas que lleva adelante la Nación se viene manifestando en distintos ámbitos, entre ellos en la aplicación de la Ley de Coparticipación, donde son cada vez menos los recursos que el gobierno nacional transfiere a las provincias.